El senador Bernie Sanders y el representante Greg Casar presentaron el 23 de septiembre la Ban Artificial Superintelligence Act, un proyecto de ley federal que busca prohibir el desarrollo o despliegue de sistemas definidos en él como inteligencia artificial sobrehumana, detener temporalmente parte del desarrollo de sistemas avanzados y crear un nuevo organismo federal que supervise el sector.
Es un proyecto presentado al Congreso, no una ley en vigor. En el momento de la publicación no impone nuevas restricciones a empresas ni desarrolladores, ni ha creado un nuevo departamento gubernamental.
Qué pretende hacer la propuesta
Según el texto y los comunicados de sus promotores, la ley propuesta prohibiría desarrollar o desplegar sistemas que cumplan la definición de artificial superintelligence. Esta se refiere a sistemas que superan la capacidad humana en la mayoría de los ámbitos cognitivos o que, según los criterios de la ley, pueden poner en peligro extremo la capacidad de la humanidad para controlarlos.
La propuesta también incluye una suspensión del desarrollo de determinados sistemas avanzados de IA hasta que se establezca un marco regulatorio federal con pruebas, supervisión y procedimientos de autorización.
Otro elemento es la creación de un Department of Artificial Intelligence con rango de gabinete. El organismo propuesto supervisaría los sistemas de vanguardia durante todo su ciclo de vida, identificaría capacidades definidas como peligrosas y vigilaría la retirada o destrucción de sistemas que infringieran la prohibición.
Las penas propuestas son excepcionalmente severas
El proyecto incluye sanciones importantes. Según el comunicado de sus promotores, las empresas que infringieran las prohibiciones podrían enfrentarse a medidas que llegarían hasta la disolución de la sociedad, y las personas físicas a penas de hasta 20 años de prisión.
Estas penas no se aplican actualmente. Forman parte de una propuesta que todavía debe superar el proceso legislativo del Congreso, incluidos debates en comisiones, votaciones y posibles modificaciones del texto.
Por qué va más allá de una ley habitual sobre IA
La mayoría de los debates regulatorios estadounidenses se centran en usos concretos, obligaciones de transparencia, riesgos de discriminación, seguridad o responsabilidad de los proveedores de modelos. La propuesta de Sanders y Casar va más lejos e intenta fijar una línea roja sobre el propio desarrollo de una categoría futura de sistemas.
Sus promotores sostienen que los sistemas sobrehumanos podrían crear un riesgo extremo y que, por tanto, hace falta un marco que impida desarrollarlos de antemano. Es una posición política y de política pública expresada por los patrocinadores. No es una conclusión jurídica o científica consensuada de que los sistemas actuales ya cumplan la definición de superinteligencia.
No está claro cómo se aplicarían los umbrales
Una pregunta central será cómo definir jurídicamente un sistema que supere la capacidad humana «en la mayoría de los ámbitos» y cómo medir ese umbral de una forma que permita hacer cumplir la norma.
La expresión advanced AI development, en el contexto de la suspensión, también requiere mecanismos de medición y normalización. La propuesta describe un futuro marco regulatorio, pero su aplicación exigiría definir pruebas, procesos de evaluación y competencias detalladas.
Además, no está claro cómo coordinaría un nuevo organismo su actividad con las agencias federales que ya trabajan en ciberseguridad, normas, competencia, protección del consumidor y seguridad nacional.
Situación actual: una propuesta, no una política vinculante
Sanders y Casar ya habían anunciado a principios de septiembre su intención de impulsar la iniciativa, pero el 23 de septiembre comunicaron la presentación del propio proyecto. Este paso importa desde el punto de vista parlamentario, pero todavía está lejos de una ley definitiva.
No se ha publicado un calendario vinculante de debates en comisiones ni existe certeza sobre el apoyo en la Cámara de Representantes o el Senado. Tampoco hay base para determinar ahora si la propuesta conservará su redacción, se modificará o no avanzará.
Por tanto, su significado inmediato es principalmente político: introduce en el Congreso un modelo regulatorio que busca no solo supervisar la IA avanzada, sino prohibir una categoría completa de sistemas futuros. Si avanza, el debate probablemente se centrará en las definiciones, las competencias de supervisión y el equilibrio entre investigación, competencia y posibles riesgos.